Habitualmente, las leyes pierden vigencia con el pasar de los años. De esta manera, suelen ser sustituidas con modificaciones que se rigen a la actualidad, sirviendo para adaptarse a los nuevos tiempos que estamos viviendo. Por esta razón, en el siguiente artículo te mostraremos la Ley de Procedimiento Administrativo Común, sus alcances y objetivos, con el fin de analizar esta nueva propuesta y las consecuencias que acarrea.
Objetivos de la Ley de Procedimiento Administrativo Común
Esta ley genera cambios en una serie de actos con respecto a la administración para lograr un objetivo. Por esta razón, su principal objetivo es reestructurar el orden del sistema jurídico en general.
Otro de los objetivos de la ley anteriormente mencionada es el derecho a las personas a mantener el uso y desenvolvimiento electrónico de los servicios públicos. Además, tiene la ventaja de brindar a sus ciudadanos diferentes conocimientos de sus cálculos de plazos por meses o años, en los temas administrativos es usual la inexistencia de un plazo para refutar los actos administrativos de los cuales se tiene sospecha.
La ley de procedimiento administrativo común busca promover el uso de denuncias por parte de los afectados a realizar investigaciones o procedimientos administrativos que los vinculen en dicho tema. Por otra parte, esta ley se enfatiza en la finalización de diferentes procedimientos administrativos e incluso sancionar a las personas responsable de ser necesario.
Novedades que trae dicha ley
Entre las principales novedades que trae la ley de procedimiento administrativo común es el control y regulación de las diversas administraciones de origen electrónico provenientes de las empresas privadas y las que mantienen el estado.
Ahora bien, la existencia de un procedimiento administrativo que obligue a controlar electrónicamente registros, accesos generales de la administración y archivos electrónicos no son de gran innovación para dicha ley. Dado que, anteriormente se han realizado leyes con temas relacionados al mismo, lo que no genera un avance para las personas en temas electrónicos. Sin embargo, es más enfática y recta en los temas electrónicos.
¿Desde cuándo entró en vigor?
La ley de procedimiento administrativo común entró en vigencia el 02 de octubre del año 2016, buscando cambiar la estructura jurídica de las leyes administrativas. En este sentido, la persona encargada de legislar dichas leyes tiene el deber de organizar y relacionar las administraciones de las empresas del estado como las del sector privado de manera electrónica.
La implementación de la ley de procedimiento administrativo común conlleva a la ejecución e integración de diversos equipos electrónicos por parte del estado. A su vez, teniendo la obligación que generarlos con resultados altamente capaces y eficaces.
Sin embargo, los métodos administrativos electrónicos actuales seguirán en vigencia hasta el mes de octubre del año 2018, ayudando a las personas a familiarizarse con los nuevos cambios que trae dicha ley.
Desventajas de la Ley de Procedimiento Administrativo Común
Una de las desventajas más resaltantes de esta ley es que afirma no tener un alcance esperado para controlar ambos sectores empresariales. Ya que, no sustituye muchas reformas a su antecesora la ley de procedimiento administrativo 30-92.
La ley de procedimiento administrativo común obliga a todos los ciudadanos dueños de empresas de diversos ámbitos a adaptarse a las innovaciones tecnológicas que acarrea dicha ley. En consecuencia, generando el uso de la administración electrónica a sus lugares de trabajo.
A manera de cierre, la nueva ley de procedimiento administrativo para muchas personas no logra englobar las principales necesidades de la actualidad. Sin embargo, mediante sus novedades pueden marcar un principio a la mejor ejecución administrativa electrónica de los sectores empresariales públicos y privados.
Aportando el primer paso a que se apruebe una nueva ley en el futuro que termine de concretar los fallos que aportó dicha ley en curso.
